El conflicto del Golfo

La invasión de Kuwait por parte de Irak el 2 de agosto de 1990, que originó la guerra del Golfo Pérsico, obtuvo una respuesta inmediata del Consejo de Seguridad. Entre los meses de agosto y noviembre se aprobaron una serie de resoluciones que condenaban la ocupación y anexión de Kuwait, imponían un importante embargo sobre las transacciones comerciales y financieras con Irak y con el Kuwait ocupado por los iraquíes, autorizaban el uso de la fuerza militar para garantizar el cumplimiento de esta medida y, por último, permitía a los estados miembros el uso de “todos los medios necesarios” para expulsar a Irak de Kuwait si no se retiraba antes del 16 de enero de 1991. En respuesta, Irak pidió la celebración de una conferencia internacional de paz que tratase una amplia gama de conflictos regionales, incluido el conflicto palestino-israelí. Estados Unidos y sus aliados se opusieron de forma rotunda a esta vinculación. Después de que la coalición liderada por Estados Unidos en la guerra del Golfo derrotara de modo fulminante a Irak y restaurase la independencia de Kuwait, se envió una fuerza de paz de la ONU para que controlara una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera que separaba a ambos países. La presencia de la ONU se hizo necesaria asimismo en el norte de Irak para proteger a los kurdos, que se habían rebelado contra el régimen de Saddam Husayn. La situación estuvo a punto de degenerar en un nuevo conflicto bélico en los primeros meses de 1998, cuando el líder iraquí impidió que los expertos de la Comisión Especial de Naciones Unidas (en inglés, United Nations Special Commission, UNSCOM) verificaran el cumplimiento por parte de Irak de las resoluciones dictadas por la ONU acerca de la eliminación de armas de destrucción masiva. En febrero, tras trasladarse a Bagdad y entrevistarse con Husayn, el secretario general de la Organización, Kofi Annan, logró un acuerdo que evitó el inminente ataque estadounidense (dispuesto bajo el nombre de Operación Trueno del Desierto).
Con la adhesión a la ONU, en 1960, de estados recientemente independientes, una extensa mayoría de la Asamblea votó a favor de ampliar los objetivos del artículo 73 mediante una nueva declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales. La declaración de 1960 sostiene que el colonialismo “constituye una negación de los derechos humanos fundamentales” y que la “falta de preparación política, económica, social o educativa no debería nunca servir de pretexto para retrasar la independencia”.
Con o sin la ONU, los antiguos imperios coloniales estaban abocados a su desintegración (el proceso ya había comenzado a finales de la II Guerra Mundial). La ONU, sin embargo, proporcionaba una estructura organizada en la que se podía activar la oposición al colonialismo y en la que las nuevas naciones surgidas de éste podían movilizarse en pos de una causa común. La ONU proporcionaba también un foro donde tratar cuestiones coloniales. El sistema de fideicomiso, e incluso el artículo 73 original, se basaba en la idea de que la autonomía era un objetivo limitado y de largo alcance. Gracias a la Asamblea General, dominada ahora por una mayoría de estados colonizados con antelación, se ha identificado la independencia con un deseo inmediato de todos los pueblos y se ha organizado el apoyo internacional a la lucha por la autodeterminación.